La ministra de Vivienda apoya la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado tensionado
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre de 2025. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha mantenido un encuentro de trabajo con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la sede del Ministerio. En la reunión, la ministra ha mostrado su apoyo a la declaración de la capital como zona de mercado tensionado.
Asimismo, durante el encuentro han abordado las distintas inversiones en materia de vivienda que el Gobierno de España está realizando en el municipio y las oportunidades para Las Palmas de Gran Canaria que abre el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en el que trabaja el Ejecutivo.
Los datos públicos del INCASÒL correspondientes al segundo trimestre de 2025 evidencian una bajada de un 1,9% en el precio de los alquileres en las zonas de mercado tensionado declaradas de Catalunya y de un 4,9% en la ciudad de Barcelona. Además, los contratos de alquiler en vigor se han incrementado en 14.124 desde la primera declaración.
Al mismo tiempo, la declaración de zona de mercado tensionado lleva consigo el establecimiento de medidas o ayudas públicas específicas en el Plan Estatal de Vivienda. De esta forma, una promoción de vivienda protegida que se construya mediante colaboración público-privada en la capital la subvención que recibiría sería de 4.250 € más por vivienda respecto a que no hubiese declaración. Y si, además, se construyese siguiendo técnicas de industrialización, el incremento ascendería a 8.500 € por vivienda.
En este contexto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reiterado al Gobierno de Canarias la solicitud para que el municipio sea declarado Zona de Mercado Residencial Tensionado, con el objetivo de avanzar en la aplicación de las medidas recogidas en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda que permitan regular los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda. La solicitud, presentada inicialmente en mayo de 2024, acredita que la ciudad cumple tres de los cuatro requisitos exigidos por la normativa, continúa pendiente de resolución por parte de la administración autonómica competente.