El Pleno insta al Gobierno de Canarias a cumplir sus compromisos con las familias adjudicatarias de viviendas protegidas en la ciudad
El acuerdo reclama publicar la relación de viviendas que pueden acogerse al procedimiento de compra y una nueva oferta que incluya las promociones pendientes del municipio
La declaración insta al Ejecutivo autonómico a habilitar financiación para las bonificaciones de VISOCAN y a respetar los derechos reconocidos por escrito a las familias adjudicatarias
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de octubre de 2026. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes, durante su sesión ordinaria de octubre, una declaración institucional de apoyo a las familias del municipio adjudicatarias de viviendas protegidas del Instituto Canario de la Vivienda y de VISOCAN que, después de décadas abonando el alquiler, siguen sin poder acceder a la propiedad de los inmuebles que les fueron ofrecidos con opción de compra.
El acuerdo, respaldado por todos los grupos políticos excepto VOX, reconoce la situación de estas familias, muchas de las cuales llevan más de treinta años cumpliendo sus obligaciones de pago, y reclama al Gobierno de Canarias que dé cumplimiento a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico el pasado 23 de septiembre.
La declaración pone de manifiesto que miles de familias canarias, entre ellas numerosas residentes en Las Palmas de Gran Canaria, firmaron contratos y anexos que contemplaban la posibilidad de adquirir las viviendas protegidas que ocupaban en régimen de alquiler. Sin embargo, pese a haber abonado durante años las rentas correspondientes y, en algunos casos, haber alcanzado incluso los porcentajes de pago previstos para acceder a la compra, muchas continúan sin poder formalizar las escrituras.
En este sentido, el documento recuerda que el Decreto 1/2023, de 19 de enero, reactivó el procedimiento de acceso a la propiedad e incorporó expresamente las viviendas de VISOCAN, pero estableció como requisito que cada inmueble estuviera incluido previamente en una resolución de oferta publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Asimismo, condicionó la financiación de las bonificaciones correspondientes a las viviendas de VISOCAN a la disponibilidad de crédito por parte del Instituto Canario de la Vivienda.
Desde la entrada en vigor de esta norma se han publicado tres ofertas, cuyos plazos ya han expirado. En el caso de VISOCAN, la convocatoria de mayo de 2023 incluyó diez grupos de viviendas del II Plan Canario de Vivienda, seis de ellos en Las Palmas de Gran Canaria, con un total de 384 inmuebles correspondientes a promociones de Las Torres, Hostelería, La Paterna, Tamaraceite y El Lasso P-4.
Por su parte, el Instituto Canario de la Vivienda publicó convocatorias en noviembre de 2023 y febrero de 2025. Esta última, cuyo plazo finalizó el 13 de marzo de 2026, incluyó 227 viviendas de quince grupos del municipio. No obstante, la declaración advierte de que numerosas promociones no han sido incorporadas a las ofertas, entre ellas las 289 viviendas de Lomo Los Frailes y las 236 de la promoción colindante.
El acuerdo plenario recoge también la situación de familias que han abonado en concepto de alquiler cantidades superiores al precio de referencia de sus viviendas y que, conforme al artículo 4.4 del Decreto 1/2023, no pueden recuperar el exceso pagado. Asimismo, reconoce el perjuicio que supone la prolongación de este procedimiento para personas que llevan décadas esperando una solución y algunas de las cuales han fallecido sin llegar a formalizar la compra.
Cumplimiento de los compromisos y medidas concretas
La declaración institucional recoge los compromisos incluidos en la proposición no de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento de Canarias, que reclama al Ejecutivo autonómico identificar y hacer pública, en un plazo máximo de tres meses, la relación de viviendas del Instituto Canario de la Vivienda y de VISOCAN que pueden acogerse al procedimiento, junto con la situación administrativa de cada una, además de garantizar una información clara y homogénea a las familias afectadas.
En concreto, el Pleno insta al Gobierno de Canarias a publicar una nueva resolución de oferta de venta que incluya las promociones del municipio, tanto las de promoción pública del Instituto calificadas antes del III Plan Canario de Vivienda como las de VISOCAN correspondientes al II Plan.
Asimismo, reclama que los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 incorporen una partida específica que permita al Instituto Canario de la Vivienda financiar a VISOCAN las bonificaciones previstas en el Decreto 1/2023, así como articular una solución al tratamiento fiscal de estas operaciones que evite trasladar sus costes a las familias.
El Ayuntamiento también insta al Ejecutivo regional a respetar los derechos reconocidos por escrito a las personas adjudicatarias antes de la entrada en vigor del Decreto 1/2023, computando las rentas ya abonadas y aplicando el precio de referencia correspondiente al momento de la adjudicación, tal y como, según recoge la declaración, la propia VISOCAN aceptó en 2023.
Por último, el acuerdo expresa el reconocimiento municipal a la labor de las plataformas Viviendas Sociales en Lucha y 289 Vivienda por Derecho y establece trasladar la declaración a la Presidencia del Gobierno de Canarias, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, el Instituto Canario de la Vivienda, VISOCAN, el Parlamento de Canarias y sus grupos parlamentarios, el Diputado del Común, la Federación Canaria de Municipios y las plataformas vecinales afectadas.