Darias mantiene un encuentro con representantes de los agentes de la propiedad inmobiliaria
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 2026. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha recibido este jueves en las Oficinas Municipales a una representación del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (CGCOAPI) y del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Las Palmas con el objetivo de conocer la actividad que desarrolla esta organización profesional y fortalecer las vías de colaboración institucional.
Durante el encuentro, la alcaldesa ha mantenido una reunión con el presidente de COAPI España, Ángel Martínez León, acompañado por el vicepresidente, Pedro Fernández Blanco; la secretaria, María Dolores de Alcover-Aguilar y García; el tesorero, Valentín Rodríguez Alonso; y los vocales Miguel Elizari Díaz, Francisco Nomdedeu Maristany y Josep María Esteve Olomí. Asimismo, han participado el director de la Corte de Arbitraje, Jaime Cabrera García, y el director del Área de Formación y Universidades, Cayetano Rengel Pérez.
En la reunión también han estado presentes representantes del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Las Palmas, entre ellos su presidente, Victorio Jesús Reyes Quintana, junto al secretario, Antonio Manuel Fernández Guerra, y el tesorero, Carlos Manuel Conesa Sánchez.
El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España es una corporación de derecho público que representa y defiende los intereses de los agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados y de los colegios profesionales en los que se integran, actuando como interlocutor ante la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y otras instituciones.
Durante la reunión también se ha abordado el papel de estos profesionales en el mercado inmobiliario y la labor que desarrolla la Corte de Arbitraje vinculada al Consejo General, orientada a facilitar la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos derivados, entre otros motivos, del impago de rentas o de discrepancias en los contratos de arrendamiento.