El Ayuntamiento insta al Gobierno de Canarias a que ejecute los accesos viales necesarios al nuevo Palacio de Justicia de la ciudad
El Pleno municipal celebrado hoy miércoles 25 de septiembre, ha aprobado una Proposición de urgencia del Grupo Popular, en la que solicita al Ejecutivo autonómico que garantice la accesibilidad de las más de 4.000 personas que usarán dichas instalaciones a diario, así como la fluidez del tráfico
Las Palmas de Gran Canaria, miércoles 25 de septiembre de 2013.-
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha instado al Gobierno de Canarias, en una Proposición de urgencia del Grupo Popular aprobada hoy miércoles 25 de septiembre, en el Pleno municipal, a que ejecute los accesos viales necesarios al nuevo Palacio de Justicia de la ciudad, para garantizar la accesibilidad al nuevo edificio en condiciones de seguridad y comodidad para las más de 4.000 usuarios con los que contará a diario. (Se adjunta Proposición).
Esta Proposición solicita al Ejecutivo autonómico a que disponga e inicie las soluciones necesarias y suficientes que garanticen la accesibilidad al nuevo Palacio de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria en condiciones de seguridad y comodidad para los miles de usuarios que tendrá, así como los miles de vecinos que residen en La Vega de San José.
Asimismo, la Proposición recoge la intención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de mostrar toda la colaboración necesaria para que el Ejecutivo Regional inicie cuanto antes las obras de acceso a la nueva infraestructura judicial, con el objeto de que estos sean habilitados con la mayor de las premuras y, con el fin de garantizar la fluidez del tráfico que experimentará la ciudad.
En este sentido, se recuerda el carácter de urgencia de dicha Proposición “ante la inminente intención del Gobierno de Canarias de iniciar la apertura del nuevo Palacio de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria sin que no sólo no se haya iniciado actuación alguna de los nuevos accesos, sino atendiendo a las intenciones manifestadas por representantes del Ejecutivo Regional”.
Además, en el documento se recuerda que tras casi 8 años de obras y más de 10 años trabajando en el proyecto, el Gobierno de Canarias está en disposición de poner en funcionamiento la conocida como “Ciudad de la Justicia”, en Las Palmas de Gran Canaria; una infraestructura judicial que concentrará todas las sedes judiciales dispersas por diversas zonas de la ciudad. Más de 122 millones de euros invertidos en un conjunto de cuatro edificios que generará un tránsito diario estimado de entre 4.000 y 5.000 personas, la suma de trabajadores y usuarios.
En esta línea, se recalca que la concentración de todos los servicios judiciales dispersos en un único punto de la ciudad “es una decisión adoptada, hace ya más de una década, por la Institución competente en materia de Administración de Justicia, que no es otra que el Gobierno de Canarias, titular del servicio, titular del nuevo inmueble y promotor de su construcción. Adoptar la decisión de concentrar los servicios judiciales en un único punto, concentrar a sus trabajadores y, por tanto, concentrar a los usuarios de esos servicios, correspondió a la Administración competente, tras un largo debate público”.
Por este motivo, la Proposición señala que “la ciudad, en aquel debate y las decisiones que de él emanaron, mantuvo y sigue manteniendo una posición de colaboración y apoyo digna de reconocimiento. La parcela sobre la que se ha edificado la nueva infraestructura fue adquirida por la ciudad y sufragada por el presupuesto municipal, entregada de forma gratuita al Gobierno de Canarias. El planeamiento de la zona escogida fue adaptado a las necesidades manifestadas por el Gobierno de Canarias para dar encaje al tipo de inmueble que se estimó más conveniente por parte del titular de los servicios que en él se van a dispensar. La escasez de plazas de aparcamiento necesarios también fue objeto de modificación en el planeamiento, para facilitar su construcción, asumiendo el compromiso la ciudad de construir los aparcamientos necesarios. Todo cuanto pudo hacer la ciudad para colaborar con esta gran infraestructura lo ha cumplido, yendo más allá de lo meramente exigible”.
Aumento del tráfico
Con respecto a la fluidez del tráfico, desde la Proposición se señala que “a pesar de todo ello, y tras más de diez años con este equipamiento, el promotor de la misma no ha proyectado, ni estudiado, ni dispuesto, ni ejecutado las necesarias medidas que garanticen la accesibilidad a la nueva infraestructura. Ante los problemas de movilidad que, sin ninguna duda, una concentración de servicios de tal naturaleza acarrea, las soluciones dispuestas por la Administración competente de esos servicios han sido inexistentes, todo ello a falta de unos pocos meses para proceder a su apertura. Nueva infraestructura que albergará los 48 juzgados adscritos a esta sede Judicial y las 6 secciones de la Audiencia Provincial de Las Palmas, e incrementará la intensidad de tráfico a 1.400 vehículos/hora”.
Esta situación ha sido advertida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante los últimos años, sin que se haya apreciado reacción alguna. Tal es así, que desde noviembre de 2011 y por iniciativa de esta Corporación Municipal, se han venido celebrando diferentes reuniones dentro de las mesas de trabajo, participadas por el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular y este Ayuntamiento, hasta obtener el pasado 17 de julio, el compromiso de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario de ejecutar dos actuaciones definidas como “de urgencia” para el acondicionamiento de los accesos, consistentes en la habilitación de dos carriles de acceso a la Glorieta Díaz Saavedra, desde la calle Alcalde Díaz Saavedra y, por otro lado, la creación de una conexión directa desde la Avenida Marítima a la calle Alicante.
Es imposible de explicar que tras casi ocho años de obras del nuevo Palacio de Justicia, se haya llegado a la situación de no haber habilitado ni una medida que garantice la accesibilidad a sus miles de usuarios, apenas a unos meses de iniciarse su apertura. Pero es que además de ello, los ciudadanos y el Ayuntamiento capitalino están asistiendo durante estos últimos días, a multitud de argumentos esquivos y respuestas dilatorias a la ejecución de lo que el propio Gobierno de Canarias definió el pasado mes de julio como “medidas de urgencia” para garantizar la movilidad en la nueva infraestructura en condiciones de seguridad.
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