El Ayuntamiento solicita al Gobierno de Canarias ampliar el plazo de exposición pública de la Ley de Suelo en seis meses
Los grupos políticos que conforman la Corporación municipal respaldan una declaración institucional que insta a los responsables del ejecutivo canario a aumentar el consenso antes de aprobar la Ley de Suelo
Las Palmas de Gran Canaria, viernes, 29 de julio de 2016.- Todos los grupos políticos que forman parte de la corporación municipal, respaldaron en el pleno ordinario celebrado hoy, una declaración institucional que insta al Gobierno Autonómico a reabrir el período de información pública del anteproyecto de la Ley del Suelo durante un plazo de seis meses. El documento aprobado sugiere que se amplíe el período de consulta para que las instituciones públicas del archipiélago como los Cabildos y los Ayuntamientos, así como los agentes implicados y la ciudadanía puedan desarrollar un análisis más sosegado, riguroso y participativo con quien promueve la nueva ley, que permita dotar de seguridad jurídica la futura gestión de nuestro territorio, elemento esencial para el desarrollo económico y social de Canarias.
La declaración institucional aprobada solicita al ejecutivo canario que planifique un calendario en el que las instituciones, agentes sociales implicados, partidos políticos y ciudadanos, sean partícipes del contenido normativo, así como el resultado generado. El documento también recoge la solicitud por parte del Ayuntamiento al Gobierno regional para que articule los mecanismos necesarios para que la ciudadanía conozca el contenido del anteproyecto de ley, así como los medios que permitan a los ciudadanos poder aportar sus posicionamientos y valoraciones.
El texto, por último, también plantea que se garantice que la norma resultante respete los principios de desarrollo sostenible, la subordinación al interés político, la coherencia de la ordenación urbanística, así como la participación ciudadana y la información pública.
El Gobierno de Canarias ha desarrollado durante más de veinte años una legislación territorial ampliamente consensuada, culminando ese proceso con las directrices de ordenación del territorio en el año 2003. Teniendo en cuenta que la legislación en una materia tan importante, se ha llevado a cabo tratando de satisfacer los principios de vertebración territorial, sumado al hecho de la riqueza de nuestro territorio, con una superficie protegida de más del 40 por ciento, sea uno de nuestros reclamos fundamentales para la principal actividad económica, son motivos según se desprende de la declaración más que suficientes para reflexionar y profundizar acerca de los aciertos y deficiencias que se puedan encontrar en la ley que se va a aprobar y que marcará el futuro territorial del archipiélago.