La Justicia avala la viabilidad de la tarifa única del taxi y desestima de forma definitiva la suspensión cautelar
La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en su auto asegura que “no es cierto” que la decisión se tomara contra la voluntad del 75% de los taxistas de la ciudad ya que las dos asociaciones demandantes apenas representan al 5% de estos profesionales
Las Palmas de Gran Canaria, viernes 17 de mayo de 2019.- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado nuevamente la razón al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y avala la viabilidad de la tarifa única del taxi aprobada por el Gobierno municipal en octubre del año pasado y que beneficia a 31.000 residentes en el municipio que viven en los barrios más alejados del casco urbano para que no tengan que pagar una tarifa diferente al resto de sus convecinos.
En este nuevo auto, el TSJC otorga total credibilidad a los argumentos esgrimidos en las alegaciones presentadas conjuntamente por el Ayuntamiento junto a las asociaciones mayoritarias del taxi en la ciudad alineadas, y desestima la solicitud de suspensión de la tarifa única pedida por dos asociaciones minoritarias de este sector. La decisión judicial se fundamenta en que “no es cierta” la afirmación realizada por los dos colectivos demandantes, la Asociación Pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (ASPROTAC) y la Asociación de Asalariados del Taxi (ATLAT), de que la medida aprobada por el Gobierno municipal se hace contra la expresa voluntad del 75% de los taxistas, ya que la representatividad de los dos asociaciones demandantes “apenas llega al 5% de los taxistas de esta ciudad”.
El Gobierno municipal aprobó esta tarifa única, que beneficia a más de 31.000 residentes, en consenso con las asociaciones mayoritarias de taxistas de Las Palmas de Gran Canaria y para dar respuesta a las demandas de los vecinos de la periferia que pedían acabar con la discriminación que les supone pagar una tarifa distinta por usar el mismo servicio de taxi dentro del municipio capitalino.
Esas asociaciones mayoritarias, la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), la Sociedad Cooperativa de Taxistas de Las Palmas y la Sociedad Cooperativa de Taxistas San Cristóbal, se unieron al Ayuntamiento en la presentación de varias alegaciones a la demanda presentada por los dos colectivos minoritarios que solicitaban la suspensión de la nueva tarifa única.
En un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC dictado en enero pasado, se le dio la razón inicialmente a los dos colectivos demandantes, por lo que la tarifa única quedó en suspenso. Sin embargo, la misma Sala dejó sin efecto esta suspensión cautelar en marzo al reconocer que no se había dado trámite de audiencia al Ayuntamiento y al resto de colectivos del taxi de la ciudad antes de dictar el primer auto.
Una vez escuchadas las argumentaciones del Ayuntamiento y de las asociaciones mayoritarias del taxi, el TSJC dicta ahora un auto que es definitivo y deja sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre la tarifa única, que vuelve a ser válida de pleno derecho.
Tras examinar los mandatos legales y criterios jurisprudenciales que se aplican cuando se solicita una medida cautelar como la suspensión de la tarifa única del taxi, los jueces estiman que la solicitud de los dos colectivos minoritarios demandantes ha de ser rechazada por los argumentos de peso aportados por las tres asociaciones mayoritarias que se unieron al proceso como codemandadas.
“No es cierta la esencial afirmación efectuada por la ATLAT y la ASPROTAC, según la cual la subida de precio – desorbitada, dicen - se produce contra la expresa voluntad de más del 75% de los taxistas – tanto autónomos como asalariados – de la capital”, recoge el nuevo auto del TSJC.
Tras esta introducción, el auto concluye que tras examinar los datos de licencias y de asociados en cada uno de los colectivos demandantes y codemandados, la ASPROTAC y la ATLAT reúnen a poco más de 270 socios, y de ellos, una tercera parte son titulares de una de las 1.650 licencias en activo en la ciudad. Explica el auto que en el caso concreto de la ATLAT, esta asociación cuenta con 74 socios y que sólo 25 de ellos son titulares de una licencia municipal, lo que supone un 1,53% de representatividad sobre las 1.650 licencias en uso.
“La representatividad, pues, de ambas entidades, apenas llega al 5% de los taxistas de esta ciudad”, recoge el auto.
Por último, el TSJC también rechaza el argumento esgrimido por las dos asociaciones demandantes de no haber sido escuchadas por la Administración a la hora de elaborar el expediente de modificación de las tarifas.